La protesta de los taxistas contra la Ley Omnibus, contra la ley Paraguas y contra la directiva 123-2006 de la CEE, no tiene base ni soporte,
pretenden seguir manteniendo un monopolio que perjudica la igualdad en el mercado sin razón de tipo alguno. Ya lo afirmó hasta la saciedad el Tribunal de Defensa de la competencia.
Los taxistas como los procuradores y otras profesiones de privilegio en España --farmacias, Escuelas de conductores, abogados etc--, debe de cambiar su paradigma y su rol para acercarse y competir en el mercado,
no sólo con calidad sino por el uso permanente de la excelencia y el libre juego que permita al cliente consumidor ser el centro de su negocio,
darle sin la menor duda el derecho a elegir; garantizando el derecho de entrada y el de salida.
España se caracteriza por su insistente desprecio por la normativa Europea, las leyes que regulan y liberalizan los servicios son ya viejas e incumplidas por nuestro país, cada día nuestros pésimos gobernantes se sacan de la manga normas que las contradicen.
Cada día nuestros reinos de Taifas, versus Comunidades Autónomas o mejor dicho residuos de mangantes,
hacen leyes que hasta impiden a un enfermo gallego dispensar sus recetas en las farmacias de Madrid, lo que pone en evidencia que la tontería y la incompetencia es la que nos gobierna y nos arruina.
Europa pone la libre competencia como algo consustancial al consumidor y al futuro de nuestros jóvenes, nuestros gobernantes hacen todo lo contrario,
se van a Europa a formar parte de un parlamento que ignoran perjudicando el futuro de toda una nación que al final es la que sufre las consecuencias de la avaricia de gobernantes incompetentes dedicados a su negocio,
Dime un político que diga una verdad y te diré un hombre que miente, dime un político honrado y te diré que no existe. Sic.. el cual todo ciudadano ya sabe cuál es.
Para terminar Ya, los taxistas no tienen derecho alguno a protestar para seguir manteniendo prebendas sin razón y sin amparo legal.
Los ciudadanos no deben soportar las protestas irracionales que perjudican a toda la sociedad, y el gobierno y los estamentos con potestad deben garantizar el uso pacífico de las vías públicas ejerciendo su potestad con todo rigor.
Los gobiernos están obligados a ejercer sus funciones y resolver los problemas no verse el ombligo con visión sólo electoral.
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